Correcta, es la política nacional de cero complacencias con la inmigración ilegal e impidiendo que de otros países inmigrantes quieran entrar ilegalmente y otra muy distinta, que se atente contra los derechos adquiridos de los extranjeros indocumentados que ya viven en el territorio nacional y sea por “facilidades” gubernamentales o mecanismos de corrupción en la zona fronteriza.
Frente a lo primero, el presidente Abinader debe sentir que cuenta con el apoyo masivo de la población, pero frente a lo segundo, hay que entender y en el caso del indocumentado haitiano, que se deben guardar ciertas premisas que abarcan el respeto a los derechos de cada uno de los miembros de esa población flotante.
Cómo se recordará, el gobierno anterior facilitó arbitrariamente la entrada de 135 mil inmigrantes ilegales venezolanos, dizque por razones humanitarias y quienes ahora desplazan en más de un 60 por ciento a profesionales y trabajadores dominicanos, al tiempo que el plan de regularización nacional del extranjero indocumentado abarcó el registro de 200 mil inmigrantes haitianos que estaban ilegales, quedando a su término, otra cantidad parecida y la que el gobierno actual no actualizó.
Ahora los grupos de ultranacionalistas, racistas anti haitianos que encabeza el Instituto Duartiano y muchos individuos en las redes sociales, claman porque hay que detener lo que llaman inapropiadamente “invasión haitiana” y queriendo desatar una persecución suicida y criminal que no se corresponde al ejercicio pleno de un adecuado estado de derecho.
En este sentido, reiteramos, que, en cuanto a los haitianos ilegales por desidia del Estado Dominicano, deben ser regularizados y en principio otorgárseles visados de trabajo de un año para que inicien y terminen su proceso de regularización y lo que debe hacerse en correspondencia a las compras que, de productos nacionales, Haití adquiere cada año por más de 800 millones de dólares promedio.
Debido a esas compras, este país está en la obligación de otorgar compensaciones por esas compras y como es de uso regular en el comercio de naciones, sea como becas universitarias, proyectos llave en mano o cobertura clínica para sus parturientas. En el caso dominicano, la cobertura a las parturientas es sumamente amplia, por lo que solo faltaría lo del programa de becas.
El mismo presidente Abinader, entendemos que ha perdido objetividad en esta situación, pues confunde inmigración ilegal nueva, con extranjero indocumentado y ya este en nuestro territorio y al que hay que buscarle su regularización legal y como el mejor mecanismo para que sea un factor de producción y trabajo.
Además, todos tenemos que entender, que los haitianos indocumentados y en más de un 90 por ciento, trabajan y no son delincuentes y lo más importante, se adaptan y se integran a nuestras costumbres y llegándose a “dominicanizar” al ser partícipes de nuestra cultura y costumbres.
Por eso, ese violento ataque de odio continuo que alienta el Instituto Duartiano y ciertos desorbitados en las redes sociales, debe ser detenido en seco, pues no nos llevará a nada bueno y sí a una absurda confrontación suicida que reedite la vergüenza del 1937. A los haitianos que ya están aquí, hay que legalizarlos y a los que quieran venir como inmigrantes, cerrarles la frontera por no menos diez años. Y se hará justicia. (DAG-OJO)
