La dirección ejecutiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida a este medio, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado «Caso Cobra»:
- Rechazo categórico: El PRM rechaza de manera enérgica y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestras campañas con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
- El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.
- Compromiso real contra la corrupción:Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos «desbordamientos éticos«. Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.
- Transparencia en el financiamiento:Nuestras campañas se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley. El PRM cuenta con todos los soportes, auditorías privadas e informes financieros entregados oportunamente por la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. Cualquier alegato de financiamiento irregular es una falsedad que no resiste el escrutinio de los organismos oficiales.
- Colaboración e independencia judicial: Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.
El fortalecimiento de la integridad pública es un camino sin retorno. Solicitamos que esta aclaración sea publicada íntegramente para garantizar el equilibrio informativo y el derecho de la ciudadanía a la verdad.
Atentamente,
Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)” (LD-OJO)
Esquema delictivo del PRM en SENASA
La defensa de los imputados en el entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) depositaron formalmente recursos de apelación contra la decisión que dictó 18 meses de prisión preventiva para los principales señalados.
La impugnación busca revocar la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.
Los recursos fueron depositados por separado por Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros profesionales del derecho, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal.
Tras este paso, el expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, dirigida por el magistrado Julio César Canó Alfau, quien designará la sala penal encargada de conocer el recurso.
El grupo de imputados enviados a prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y la cárcel de Najayo incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera
Asimismo, el tribunal fue apoderado de un recurso de apelación presentado por la parte querellante representada por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El esquema delictivo según el Ministerio Público
El órgano acusador sostiene que el entramado operó durante varios años, defraudando más de 15 mil millones de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluyen, colusión de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
Investigaciones en curso
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco. (LD-rcb / OJO-jj)
