Muchos nos hemos quedado de una pieza y al conocer el último pronunciamiento de la ong Participación Ciudadana, la que “alerta” que los imputados en los recientes casos de corrupción administrativa, supuestamente están buscando los servicios de auditores para “contrarrestar” los informes de autoría en los que los fiscales y jueces se apoyan para procesar a los imputados.
Parecería que, a la susodicha entidad privada de alcance gubernamental sesgado, quiere que a los imputados se les niegue su derecho a la legitima defensa y mediante la cual, todos tienen la facultad de agenciarse por sus propios medios legales, las vías más correctas para auxiliarse profesionalmente en sus mecanismos de defensa.
A esta ong debe recordársele, que este país y mal que bien, se vive dentro de un estado de derecho y el que no será todo lo correcto y firme como debería de esperarse, pero que ciertamente funciona, aunque tímidamente. Porque, por ejemplo, un pedido como el efectuado por la directiva de PC, en sí, es una negación al derecho a la libre defensa de todo procesado y por el que podría ser llamada a capitulo por cualquiera de quienes ahora imputados, se sintieran lesionados en sus derechos, ante tan marcada muestra de intento de obstrucción de justicia. (DAG-OJO)
