Desde Colombia ha llegado la atinada observación jurídica-constitucional, que obliga a pensar seriamente y respecto a si sus ciudadanos que no han cambiado de nacionalidad deberían aceptar que otros de doble nacionalidad y específicamente la estadounidense, se les podría aceptar que fueran candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de aquel país Sudamericano.
El reparo que se plantea es el siguiente ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (…)’”. y que es una situación de controversia legal amplia en materia constitucional y si se tiene en cuenta por ejemplo, el caso de la Constitución de la República de Italia, que para el juramento de adopción de su nacionalidad, solo plantea: “jura ‘ser fiel a la República y observar la Constitución y las leyes del Estado” y no implicando ningún tipo de obligación jurídica extra constitucional.
Y que para el caso dominicano y conociéndose que en la actualidad, no solo que hay ciudadanos estadounidenses de origen dominicano como legisladores sino también ocupando otros cargos de elección directa y que ya conocido el tipo de obligación política e institucional que entraña su juramentación como ciudadano estadounidense de adopción, se hace imperativo hacer una indagatoria al respecto y acudir ante el Consejo del Poder Judicial, a recabar la opinión docta de los magistrados que componen la Suprema Corte de Justicia y también los magistrados del Tribunal Constitucional.
Mucho más, cuando en el caso de extranjeros quienes hayan jurado como nacionalizados dominicanos, nuestra Carta Magna les exige, que en materia de cargos de elección “deberán esperar diez años después de juramentados” para aspirar a cargos públicos de elección de legisladores o en los municipios, exclusivamente.
Obligando a preguntarnos, que si a los nacionalizados extranjeros que acceden como dominicanos de adopción, nuestra Constitución les impone una seria limitante de tiempo, con mucho mayor razón debería imponerle una restricción firme a los estadounidenses de origen dominicano y quienes de cara a las elecciones del 2028 aspiraran a la presidencia y vicepresidencia de la República y de lo que se conoce, que en lista de espera hay por lo menos cinco personas y quienes ahora, uno que otro son funcionarios públicos por decreto presidencial o algún otro como empresario de la comunicación.
Tenemos entonces, que el debate que se suscite será tremendamente oportuno y a dos años de concurrir en el 2028 a las urnas y para que definitivamente se dilucide, una situación de riesgo jurídico institucional que la República tiene y debe encarar y la que hasta ahora y con el pretexto de la ley de doble nacionalidad se ha mantenido en silencio; mejor dicho, sepultada.
Pues lo cierto es, que los alcances del compromiso de Estado que contrae el dominicano que jura por la nacionalidad estadounidense, obliga imperativamente, a que se legisle para conjurar los efectos de rebeldía constitucional para los dominicanos que adopten la nacionalidad estadounidense y que en principio, al conocerse el texto del compromiso: ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (…)” lo que es de una amplitud tal, que hace incompatible que el estadounidense de origen dominicano NUNCA pueda aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República.
Desde luego, conocemos, que en el país reside una población flotante de estadounidenses de origen dominicano, cercana al medio millón de personas y quienes, la mayoría, participan en todas las actividades propias de los ciudadanos dominicanos que nunca hemos cambiado de nacionalidad y lo que obliga a preservar los derechos de los verdaderos dominicanos sobre los extranjeros que quieran hacerse pasar como dominicanos.
De ahí que se impone la revisión legal-constitucional que planteamos y como el paso obligatorio para que se preserven los derechos y fueros de los dominicanos que no hemos cambiado de nacionalidad y también, para que de esa manera, desde los medios de comunicación y las plataformas en internet y junto a las fuerzas vivas y la sociedad civil, nadie y absolutamente, pudiera alegar ignorancia y la partidocracia mucho menos.
Naturalmente, suponemos que no habrá dominicano que se precie de ser ciudadano nacido en este país, que pudiera aceptar, que su nacionalidad le sea suplantada y al grado, de que haya individuos que quisieran a estadounidenses de origen dominicano en cargos de elección directa. Por eso, son un imperativo las consultas a la SCJ y al TC y como la mejor salvaguarda del respeto al estado de derecho.
Y que resumimos diciendo, que los compromisos que arrastra el adquirir la nacionalidad estadounidense son de un alto riesgo frente a los intereses nacionales y cuando se trata de dominicanos de doble nacionalidad y específicamente la estadounidense y aspirantes a cargos de elección directa. Con Dios. (DAG) 12.06.2026
