Las condiciones están dadas para que se emprenda un proceso de regularización de los inmigrantes haitianos que trabajan en el país.
Si, como se ha dicho tantas veces, la economía de República Dominicana necesita esta mano de obra, ahora es el momento de ordenar en la construcción y en el campo la regularización de los trabajadores haitianos.
El Gobierno tiene el apoyo de la comunidad internacional (por lo menos en declaraciones) y de la opinión pública nacional para hacerlo. Si sectores empresariales se han desentendido durante años del estatus migratorio de sus trabajadores, en la actual coyuntura no pueden mirar para otro lado.
Todos ganarían. Ellos, los inmigrantes, tendrían una documentación que les protege. Los empleadores deberían hacer un esfuerzo económico por dotarles de un contrato con los beneficios correspondientes, pero se colocarían del lado de la ley y el Estado tendría un registro actualizado.
La actual situación ha beneficiado a unos y a otros; a los trabajadores ilegales y a los empresarios. Pero no al país. A ningún Estado le beneficia tener una inmigración ilegal, aunque la necesite para sostener rubros básicos de su crecimiento económico. Al final, como se está viendo, salen (salimos) todos perdiendo.
Los controles más severos pueden estar limitando la entrada, por lo menos temporalmente, de más indocumentados y ese puede ser el momentum para “ordenar la casa” y superar irregularidades que todo el mundo ve pero a nadie le importan.
La cifra de 12,000 militares en la frontera suena exagerada (¿dónde se alojan?) pero se entiende que sí se ha reforzado la vigilancia. Hay una oportunidad. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
