miércoles, noviembre 6, 2024
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¿Se encuentra el estado de derecho en entredicho?

Tres situaciones: Un congreso Nacional funcionando como arrolladora maquinaria política a favor del PRM y sin dar la oportunidad para que la reforma constitucional sea conocida previamente por la ciudadanía mediante una búsqueda de consensos y que luego, la Asamblea Nacional Revisora decida sobre la reforma propiamente.

Dos: Sale a relucir que el ministerio militar firma un contrato de servicios con una empresa privada de inteligencia y data el 23 de junio de 2020 y luego, que en estos días hay denuncias sobre supuestas irregularidades operativas, el mismo ministerio militar anuncia, que en fecha 10 de septiembre de 2024 lo da por rescindido y previa comunicación via acto de alguacil a la empresa con la que había firmado el documento.

Y planteando, además, que el mismo era un documento que supuestamente atentaba contra la seguridad nacional. Y la pregunta es una, ¿cómo es posible que tres años y aproximadamente diez meses luego, es que el organismo militar viene a darse cuenta de la irregularidad que según sus expertos abrió una tronera de pérdida de seguridad?

Entonces viene lo otro, ¿de quién es la falla y por lo tanto, quien debe responder por semejante irregularidad? En principio, habría que buscar responsables en los altos oficiales militares que firmaron el contrato de servicios y en específico a quien en ese lapso hubiese sido el ministro militar y ni que decir sobre la consultoría jurídica militar, que se supone era el organismo subalterno que tenía que redactar y estudiar las cláusulas del contrato y para que luego no apareciera un gato por liebre.

Para colmos y quitarle responsabilidad a la inusitada reacción militar, parecería, que todas las culpas quieren ser descargadas en la empresa beneficiaria del contrato de servicios y por ende en su ejecutivo principal, quien no se debe olvidar, que cuenta con otros contratos de servicios y con otras compañías suyas y todas identificadas como suplidoras del Estado y de gobiernos anteriores como del presente.

Es decir, es muy raro lo que está ocurriendo y mucho más, cuando para que el ministro militar firmara un contrato de esa naturaleza, este tenía que contar con un documento aprobatorio que tuviera la firma del presidente de la República.

Entonces, no es tan fácil que ahora la guardia quiera desembarazarse del delicado asunto, así como así y sin importar afectar la reputación del ejecutivo privado a cargo y desde luego de su empresa. Lo que nos debe indicar, que una demanda en daños y perjuicios sería lo menos que podría ocurrir de parte de la empresa perjudicada.

Pero el asunto no queda ahí, sino que, al mismo tiempo, vemos, que un peligroso entramado mediático y de propaganda sumamente insidioso, muestra como si en el gobierno se tuviera interés en fabricar un solo culpable y a la carrera y lo que naturalmente, luce altamente sospechoso.

A más extrañeza, en la rueda de prensa presidencial semanal, a nadie se le ha ocurrido preguntarle sobre este caso al presidente Abinader y para mayor sorpresa, todo el mundo ha quedado asombrado y viendo, que el presidente y en ningún momento se ha referido al mismo, que por ser calificado de alta seguridad nacional, debió de haber motivado una explicación o resumen de lo que sabía y de forma, que con lo que dijera, todo el mundo podría entender que el primer mandatario tiene la situación bajo control.

No ha sido así y para más conjeturas, la empresa imputada, su ejecutivo principal hace venir al país al alto cargo estadounidense que se entiende, no menos que socio de la empresa dominicana que está siendo cuestionada y quien por la posición clave que tiene en su país de ex director de la CIA y exsecretario de Estado, no dejaba duda alguna, que Mike Pompeo vino al país a una especie de rueda de prensa-conversatorio y conferencia, que por más que el gobierno quiera restarle importancia, fue  de una dimensión, que no se duda que si el socio estadounidense entiende que a su socio local se le está persiguiendo, nadie podrían no suponer, que lo que al gobierno le vendría encima, sería una crisis sorpresiva con nuestro primer socio comercial.

De ahí, que cuando este escenario tan extraño se presenta, absolutamente nadie haya quedado indiferente y que rumores y versiones encontradas y difundidas en los mass media como en los lupanares mediáticos en las redes sociales hayan empezado a surgir.

Lo que la experiencia nos dice, es que hay una lucha interna entre organismos del Estado asociados a socios del gobierno plutocrático de Abinader y en lucha por tener ellos el contrato del que ahora se habla que fue rescindido unilateralmente y si finalmente esto es así, seguro que la crisis de interpretación política que le vendría al régimen no sería una de la que pudiera salir totalmente indemne.

Agréguesele a esta situación, lo ciertamente extraño del gobierno imponer una política represiva de estado policiaco, mediante la cual, negocios y ciudadanos han sido enormemente perjudicados o constreñidos en sus derechos civiles y políticos y también de grosera violación de la libertad de comercio y que ha llevado a un notorio aumento de inseguridad y para esta ocasión, de parte del gobierno.

Caemos entonces al tercer punto: De un gobierno actuando como propiciador principal para que el Estado sea visto como un fideicomiso,  mediante el cual, el empresariado, el mundo financiero y la alta burguesía, más la burguesía negra de los dineros no declarados provenientes del narco, el lavado de activos, la construcción «clandestina» y la evasión fiscal, entran al gobierno plutocrático y en un oscuro maridaje del que al final, lo único que quedará evidenciado es lo más parecido a que Abinader, de presidente de la República se haya convertido en el presidente del fideicomiso República Dominicana y el que arrastra consigo, la probabilidad de que los organismos controladores y supervisores del Estado no funcionan, mientras al pueblo se le entretiene con subsidios de ayudas sociales de toda especie y anestesiado por la corrupción oficial y empresarial rampante.

Ahora bien, la puntualización se impone.  ¿Tiene facultad el director del DNI, Luis Soto, de servirle de comodín al sector empresarial y financiero que quiere para sí determinados contratos de inteligencia y de tránsito y de los que se habla en los lupanares mediáticos en las redes, de supuestas irregularidades y que, para colmos, estas las avale, la subprocuradora Yeni Berenice?

Así mismo, ¿se podría hablar, de que por tales actuaciones tan atrevidas institucionalmente hablando, son las razones del porqué de la pérdida de credibilidad del Estado y al extremo, de que un funcionario del nivel que fuere puede ordenar el apresamiento del ciudadano que le interese desacreditar y al mismo tiempo, violándose descaradamente los procedimientos legales que conlleva un allanamiento de morada?

Al presentarse pues la situación que comentamos, por obligación hay que entender, que mientras el dominicano y con sus odios, envidias y venganzas sea quien incremente la arbitrariedad desde el poder e impulsando los abusos del paredón mediático manejado por sicarios de la comunicación. En este país, nunca existirá un genuino estado de derecho.

Frente a tantos antecedentes e indicios, nuestra pregunta: ¿Se encuentra el estado de derecho en entredicho?, decididamente haya que dar una respuesta afirmativa y con un trasfondo de gran preocupación por la continuidad de la viabilidad institucional. Con Dios. (DAG) 03.10.2024

 

 

 

 

 

 

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