¿Cómo es posible que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo hubiese dado su consentimiento para que el presidente Abinader cayera en el error de firmar y promulgarla, cuando por los vicios contenidos debió de devolverla a lo inmediato al Senado de la República y si no quería caer en el riesgo de que se le viera violentando la Constitución de la República?
Todavía no se entiende el porqué la creación de la Ley 1-24 ha sido tan traumático y lesivo para nuestra institucionalidad y que, en la consultoría jurídica palaciega, allí sus abogados hayan sido tan torpes.
Ahora resulta, que la ley ha sido promulgada y el mismo presidente Abinader se encuentra en un berenjenal, por el que y junto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pudiera ser llevado a un juicio político y si es que efectivamente y frente a la nación, el Congreso Nacional se muestre crítico.
Sin embargo, no obstante que se habla de que la ley fue votada con el voto mayoritario de los diputados y con una u otra abstención u ausencia, de acuerdo con el diputado, Juan Dionisio Rodríguez, no ocurrió tal cosa, sino que todos votaron y por lo que reta a sus colegas a que demuestren lo contrario.
Es decir, se tiene y estos los hechos, que una ley “estudiada” durante once años, preparada en secreto y nada de vistas públicas y un solo diputado que votó en contra y encima el Poder Ejecutivo pide que la discusión no se politice. ¿Ahora se pretende que la ciudadanía la acepte pura y simple? ¡Qué forros! (DAG-OJO)
