Cuatro son los casos de condenas en tribunales contra comunicadores lenguaraces que no respetan nada ni a nadie y quienes entienden que el ejercicio de la comunicación solo se trata de difamar, injuriar o insultar de las peores formas y mala educación y quienes en sus defensas, han animado a otro grupo de equivocados, a hacer creer o entender, que se trata de casos que tienen que ver con ataques o atentados contra la libertad de prensa y lo que rotundamente no es cierto.
En el caso de este medio, lo que reprochamos, es que periodistas profesionales se hayan constituidos en cómplices del poder en materia de contribuir a la redacción de textos de leyes que inequívocamente, un profesional del periodismo no debió de haberse metido y por la razón, de que no es moral y deontológicamente aceptable, que un periodista participe en la redacción de una ley que pudiera constreñir el ejercicio profesional y con el pretexto de que se debe castigar la difamación y la injuria.
Y mucho menos, cuando es tremendamente cierto, que el periodismo tradicional de este país, todavía no se repone de sus tiempos de ejercer la autocensura contra los propios periodistas y analistas y por derivación, contra la población en sentido amplio y en lo referente a manipular la verdad para someter al ciudadano común a un control de su ejercicio de opinión, que al final, sí que significó el peor atentado contra la libre expresión.
Entonces y cuando se analizan los dos escenarios, entendemos que no se puede aceptar que el aparato político y desde el Poder Legislativo elabore un código penal reformado para la propia defensa de los legisladores y quienes en gran mayoría y para nada, no se les conoce por ser un dechado de costumbres y de conducta proba, decente, íntegra y honesta.
Es decir, saber que senadores y diputados, redactaron a propósito y con gran maldad, una serie de artículos del referido código y en todo lo atinente a la libertad de expresión y eventualmente de prensa y con el perverso interés de castigar a los que les señalen sus inconductas, nos parece el colmo de un sistema legal mal empleado y peor dirigido y lo que solo por eso, le resta calidad moral al código penal reformado que el Poder Ejecutivo pretende poner en vigor a partir de agosto próximo.
Si esta realidad se toma en cuenta, entonces y por obligación moral, el presidente Luis Abinader, debería de evaluar la puesta en vigor del referido CP, pues es más que evidente, que se trata de un instrumento aparentemente jurídico y reformado con el solo propósito de callar y castigar a quienes se permitan emitir opiniones críticas sobre los actos de corrupción de personeros de la vida política, empresarial, financiera, gubernamental o dentro de las fuerzas vivas en sentido general.
Creemos y por vía de consecuencias, que poner en vigor semejante instrumento y el que sería una violación jurídica en sí misma, hará más daño que bien y porque llenará y cubrirá de más odio a la sociedad como a la ciudadanía y lo que sería un verdadero atentado contra el orden social que terminaría por afectar la paz y el orden público.
Nuestros políticos y lo que debe recordárseles, saben perfectamente y hablamos de los de estos últimos 65 años, que todos ellos cojean de las mismas fallas morales en materia de corrupción y la violación de la moral y las buenas costumbres, así como también en materia de enriquecimiento ilícito y en base a los cargos públicos que ostentan por vía directa o por medio del tráfico de influencias que como grupo de delincuentes de cuello blanco siempre les acompaña.
Sobre este particular y documentado de acuerdo con el ministerio público, los casos pasan de miles y monetariamente de millones de pesos en pérdidas para el erario y por derivación hacia los contribuyentes, quienes con sus pagos de impuestos, facilitan los presupuestos del Estado que controla el gobierno de turno.
Si esto es así, entendemos como una verdadera osadía, la barbaridad antijuridica que senadores y diputados de todos los partidos con representación congresional se han permitido redactar y solo por querer acallar y en sentido amplio, el derecho ciudadano a expresar su crítica y condena sobre estos casos de corrupción desde el poder y contra cualquier ciudadano que se exprese en sentido condenatorio. ¿O no es verdad que la mayoría de los legisladores llegaron a sus curules como pobres desgraciados sin fortuna y ahora, todos son millonarios?
Por eso no estamos de acuerdo con la agente de la CIA y eventual embajadora estadounidense Campos, al meterse en un debate que no le concierne y simplemente, porque ella ha logrado crear todo un nicho de siervos en las redes sociales y en especial, en programas en youtube y que se han convertido en sus bocinas amaestradas y peor, en la punta de lanza de una conspiración hasta ahora «difusa», contra el gobierno actual.
Al no estar de acuerdo, sencillamente, exponemos que la pérdida de la libertad de palabra, opinión y de prensa, nunca puede decirse que ocurra contra periodistas profesionales y si contra quienes como comunicadores, ejercen la opinión ciudadana y violando, no solo leyes y códigos, sino también, el derecho a la privacidad de las personas y a que se les respete sus vidas e intimidades y sin importar, que quien vocifere, parta de un punto objetivo de crítica cierta y el que dañan con sus insultos y diatribas y restándole por sí mismo, credibilidad y olvidando, que el sistema jurídico imperante no consagra la libertad de difamar, injuriar o vejar.
Hasta ahora, los cuatro comunicadores que se sienten perjudicados por sentencias en contra emitidas por los tribunales facultados para hacerlo y otros cuyas viperinas tienen fama de insultar a más no poder, han pretendido que la atrapada opinión pública salga en sus defensas, en tanto otros y desaforados, hasta llaman a una acción de rebelión social que no se corresponde.
Pues en este país, en el que no menos de cinco mil periodistas profesionales ejercen su profesión, no es verdad que se van a colocar a favor de quienes difaman e injurian en atrevido discurso provocador de insultos y acusaciones mendaces y en mayoría, difíciles de demostrar. ¿Qué por este debate, el periodismo se ha dividido y porque los dueños de los medios tradicionales ejercen su opinión de control aplastante?, no es razón para que la mayoría de los medios en las redes sociales terminen convertidos en lo peor en materia de violación descarada de la libre expresión y lo que debe quedar bien dilucidado.
Ante esta situación nada aceptable, entendemos, que quien insulta, difama o injuria y prevalido de utilizar un micrófono o un programa de “opinión” y de escándalos en YouTube, por ninguna circunstancia podría creer que la ley le ampararía. Una realidad, es la del periodista profesional y otra, la del comunicador lengua suelta y agitador. Con Dios. (DAG) 16.06.2026
última actualización: 10:00 am.
