No es el primer crimen que comete un ciudadano haitiano en nuestro territorio, y la mejor prueba es que los nacionales del vecino país constituyen la mayor cantidad de extranjeros internos, como se dice ahora, cumpliendo condenas o a la espera de sentencias en nuestro sistema penitenciario.
Pero el brutal asesinato de tres personas en una finca de Puerto Plata, que las primeras versiones atribuyen a un empleado haitiano solo conocido como Blanco que huyó del lugar, ocurre en un momento de gran tensión tanto de aquel lado de la frontera, gobernado por bandas criminales que han sembrado el caos y el terror, como del lado dominicano, donde sectores nacionalistas se manifiestan contra la desbordada inmigración haitiana, como ocurrió el pasado domingo con la marcha en Santiago.
Fue un crimen en extremo violento y salvaje, pero también lo fue la respuesta de los lugareños, que tan pronto se enteraron del asesinato del hacendado Juan José Soto Corniele y otras dos personas incendiaron en represalia varias viviendas de ciudadanos haitianos, incluidos niños, que tuvieron que huir despavoridos para ponerse a salvo de la furia de la turba. Un acto de barbarie tan reprochable como las muertes que provocaron la reacción, pues se agredió a gente inocente, que nada tuvo que ver con el hecho, salvo compartir la misma nacionalidad del presunto asesino.
Mientras el altisonante nacionalismo se desgañita, convencido de que la tragedia le da la razón, reclamando la expulsión del país de todos los haitianos ilegales, las voces más sensatas insisten en la necesidad de documentar esa mano de obra sin la cual el aparato productivo dominicano no podría continuar impulsando el crecimiento que ha sido tan cacareado todos estos años.
Pero eso no acaban de entenderlo esos distinguidos patriotas, mientras el Gobierno se abstiene de hacer lo que tiene que hacer por miedo a la vocinglería de la calle y las redes sociales cada vez que habla de la necesidad de documentar a esa población. Por: Claudio Acosta [hoy]
