Eran intocables. O al menos eso parecía. Las cúpulas militar y policial esquivaban las investigaciones, acusaciones y sospechas de corrupción o simplemente malas artes a pesar de que se hablaba sin mucho reparo de cuánto ingresaba un jefe de la policía al día. O de cómo fluye el macuteo de abajo hacia arriba. O de cómo las fincas, villas y tren de vida de los militares de alto rango no suele corresponder con sus ingresos conocidos.
Muchos rasos inculpados y pocos jefes condenados.
La Operación Coral 5G tiene esa trascendencia. Toca un grupo al que nadie había cuestionado de esta manera: con los fiscales desenfundados y apuntando en dirección a Ciudad Nueva.
Los casos de corrupción no se deben medir en cómo comienzan, sino en cómo acaban. En caso de que los generales y capitanes detenidos fueran culpables, habrá que ver qué pasa con el proceso y si se articula con el rigor necesario para obtener condenas. En caso, de nuevo, de que sean realmente culpables de lo que se les acusa.
Con las actuales turbulencias fronterizas, el Ejército tiene buena imagen. Al ciudadano, es lógico, le tranquiliza pensar que, ante un hipotético peligro, hay unas Fuerzas Armadas dispuestas a pelearse por él. Por eso, esta acción de la Procuraduría tiene un significado tan trascendente. La Operación Coral 5G es un mensaje a las fuerzas del orden: “Los queremos y necesitamos, pero ya basta de robar.”
Los delitos que cometen los que están supuestos a vigilar, cuidar y proteger a la sociedad duelen más que los que cometen otros delincuentes. Por eso esta Coral 5G abre la esperanza a un nuevo orden. Un atisbo de lo que podrían ser un ejército y una policía ajustadas a la misma ley que cumplimos los demás. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
